• Confía diputado que reforma sea de las primeras en aprobarse en 2026
Morelia, Michoacán, 24 de diciembre de 2025.- Ante el aumento de casos en los que niñas, niños y adolescentes son utilizados por la delincuencia organizada, el diputado local por Movimiento Ciudadano, Toño Carreño Sosa, afirmó que es urgente combatir el reclutamiento forzado de menores en Michoacán, y confió en que esta sea una de las primeras reformas de ley que se aprueben en el año 2026.
El legislador recordó que en distintos hechos delictivos recientes se ha conocido que los responsables materiales son menores de edad, algunos de los cuales incluso han perdido la vida, como ocurrió en el lamentable caso del autor material del asesinato de Carlos Manzo, lo que evidencia la gravedad del problema.
Desde el Congreso del Estado, sostuvo que se debe actuar con urgencia y responsabilidad, ya que el reclutamiento de menores representa una de las violaciones más graves y dolorosas a los derechos de las infancias y adolescencias.
Toño Carreño explicó que la iniciativa que presentó contempla una reforma al Código Penal en materia de reclutamiento forzado, en la modalidad de corrupción de menores, tema que calificó como de verdadero interés público y de urgente resolución. Por ello, expresó su confianza en que las comisiones correspondientes dictaminen esta y otras iniciativas relacionadas, para que sean votadas en las primeras sesiones del próximo año.
En la exposición de motivos, el diputado de la Bancada Naranja señaló que esta práctica criminal arrebata a las infancias la posibilidad de crecer, estudiar, jugar y construir un proyecto de vida, quitándoles lo más valioso: su futuro, una situación que se ha agudizado en los últimos años.
Finalmente, subrayó que es del conocimiento público que los cárteles aprovechan la pobreza, la falta de oportunidades y los entornos de violencia para enganchar a menores mediante engaños, presiones o amenazas. “Ningún menor se incorpora por voluntad propia a un grupo delictivo; no existe consentimiento válido. Son víctimas, no delincuentes, y el Estado tiene la obligación permanente de protegerlos”, concluyó.
