Ciudad de México, 20 de marzo de 2026.-
Con el objetivo de convertir la lectura en un derecho humano accesible para todas y todos, el Pleno del Senado aprobó por unanimidad el dictamen con proyecto de decreto derivado de la iniciativa presentada por el senador de Morena, Raúl Morón Orozco, mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.
El dictamen, elaborado por las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos Primera, representa un avance sustancial en la construcción de una sociedad más democrática y crítica, al establecer que el libro no debe considerarse un artículo de lujo, sino un instrumento social y cultural accesible desde temprana edad para fortalecer la capacidad de análisis y fomentar la participación comunitaria.
Durante la discusión del proyecto, el legislador destacó que esta reforma se alinea con la visión humanista del actual gobierno federal.
“Como bien lo ha afirmado nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, en la Cuarta Transformación trabajamos para hacer de México una ‘República Lectora’. Esta reforma es el vehículo para fomentar el libre pensamiento y desmontar estructuras de exclusión cultural que prevalecieron por décadas”, puntualizó.
Uno de los ejes centrales de la propuesta es la inclusión y la bibliodiversidad. En este sentido, el Estado asume la responsabilidad de garantizar la creación, edición y difusión de materiales de lectura en lenguas indígenas nacionales. Asimismo, se contempla la producción de libros en formatos accesibles para personas con discapacidad, como sistema Braille, audiolibros y macrotipo.
En materia educativa, la reforma establece la obligación directa de que la Secretaría de Educación Pública promueva de forma sistemática, ordenada e incluyente el uso de bibliotecas públicas en todos los centros escolares del país.
Para asegurar la eficacia de estas medidas, se plantea la actualización permanente del Programa de Fomento para el Libro y la Lectura mediante revisiones anuales que permitan mantener vigentes las políticas públicas del sector editorial y responder a las necesidades cambiantes de la sociedad.
Finalmente, la iniciativa subraya un enfoque de justicia social y cultural al priorizar el acceso a materiales de lectura en zonas rurales, comunidades indígenas y polígonos urbano-marginados.
El legislador michoacano afirmó que esta política editorial democrática no solo fortalece el hábito lector, sino también la identidad nacional, al tiempo que permite al Senado reafirmar su compromiso con la educación como pilar de la transformación del país.
