
- Xóchitl Ruiz insiste en atender integralmente esta crisis.
Morelia, Michoacán; 20 de marzo de 2025.– La diputada local Xóchitl Ruiz González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la 76 Legislatura, hizo un llamado firme a que la atención y protección a personas desplazadas por la violencia y la pobreza sea una labor constante y prioritaria desde todos los niveles de gobierno.
“Este trabajo no puede ser esporádico ni superficial. Mientras exista una sola persona obligada a huir de su hogar por miedo o necesidad, no podemos dar por concluida nuestra responsabilidad”, enfatizó la legisladora.
Incremento alarmante del desplazamiento
Ruiz González reconoció las acciones que se han emprendido en Michoacán en favor de las personas desplazadas, pero advirtió que el fenómeno ha crecido de manera preocupante en el estado y a nivel nacional en los últimos años. Por ello, consideró fundamental no bajar la guardia ni minimizar los esfuerzos para garantizar la protección de sus derechos.
Coordinación con organismos internacionales
Como parte de los trabajos legislativos, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local trabajará estrechamente con la Mesa de Trabajo establecida entre el Congreso del Estado de Michoacán y la Organización de las Naciones Unidas, con el objetivo de fortalecer la legislación y garantizar una atención integral a quienes han sido desplazados.
Ruiz González celebró también el reciente acuerdo de colaboración firmado entre la Secretaría del Migrante, la Fiscalía General del Estado y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en México, el cual busca establecer protocolos más efectivos de atención, protección y reparación del daño para las víctimas.
Derechos humanos, prioridad legislativa
“La defensa de los derechos humanos es un compromiso permanente que no puede ser ignorado. Como Congreso, debemos ser un pilar que impulse acciones concretas y soluciones reales para las víctimas del desplazamiento forzado”, sostuvo la diputada.
Finalmente, Xóchitl Ruiz subrayó que la dignidad y el bienestar de las personas desplazadas deben ser garantizados por el Estado, asegurando no solo asistencia inmediata, sino también condiciones para su reintegración segura y digna a la sociedad.
Este pronunciamiento refuerza la línea de trabajo del Congreso del Estado hacia una agenda legislativa sensible, activa y cercana a las necesidades de los sectores más vulnerables.