
Morelia, Michoacán; 26 de marzo de 2025 — El diputado Víctor Manríquez González, coordinador de Movimiento Ciudadano en la LXXVI Legislatura, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Caminos y Puentes del estado, con el objetivo de regular tarifas de peaje y mejorar las condiciones de seguridad en las carreteras de cuota michoacanas.
Tarifas preferenciales para usuarios frecuentes
La propuesta busca beneficiar a:
- Residentes de municipios colindantes con casetas de peaje, quienes podrían obtener exenciones o descuentos al acreditar su domicilio.
- Trabajadores y estudiantes que requieran usar diariamente estas vías, mediante una constancia laboral o académica.
«El cobro indiscriminado de peajes limita el libre tránsito cuando no hay rutas alternas accesibles», señaló Manríquez. «Es injusto que ciudadanos que necesitan usar estas carreteras a diario deban asumir costos excesivos», agregó.
Inseguridad vial: un problema grave
Michoacán registra uno de los índices más altos de accidentes en carreteras de cuota:
- En la Autopista Siglo XXI, más del 70% de los siniestros resultan en muertes o lesiones graves.
- Las concesionarias no garantizan mantenimiento adecuado ni condiciones óptimas de seguridad.
«Pagamos peajes, pero no recibimos carreteras seguras», denunció el legislador. Su iniciativa exige que las empresas concesionarias inviertan en mejoras viales y vigilancia.
Tres ejes de acción
- Plan tarifario especial: Reducciones para usuarios frecuentes y exenciones en casos justificados.
- Seguridad vial: Obligar a concesionarias a mejorar mantenimiento e implementar medidas preventivas.
- Transporte público: Promover alternativas eficientes para reducir dependencia del auto particular.
Un derecho constitucional vulnerado
Manríquez recordó que el libre tránsito está garantizado en la Constitución, pero actualmente las condiciones en las carreteras de cuota lo restringen económicamente y lo ponen en riesgo.
«El Estado debe garantizar movilidad accesible y segura», insistió. La iniciativa será analizada en comisiones, donde se evaluará su viabilidad y posibles ajustes.
Esta propuesta representa un avance hacia una política de transporte más justa, que priorice las necesidades de los michoacanos sobre los intereses de las concesionarias.