- Reestructura busca mayor eficacia, transparencia y atención a víctimas
Morelia, Michoacán, 8 de octubre de 2025.– El Congreso del Estado aprobó una nueva Ley Orgánica para la Fiscalía General del Estado (FGE), con el objetivo de fortalecer la procuración de justicia, combatir la impunidad y garantizar la protección de las víctimas bajo un modelo más eficiente, transparente y tecnológico.
La nueva norma establece una reestructura institucional sustentada en nueve ejes fundamentales: Autonomía Plena y Gobernanza; Modernización Tecnológica; Atención a Víctimas y Derechos Humanos; Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas; Inclusión y Justicia Intercultural; Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos; Especialización en Delitos Financieros y Patrimoniales; Control y Profesionalización; y Combate a la Corrupción Judicial y Transparencia.
Entre las innovaciones destaca la creación de cinco vicefiscalías: de Inteligencia e Investigación Criminal; de Control Interno y Evaluación; General de Operaciones y Coordinación Territorial; de Delitos de Alto Impacto; y de Derechos Humanos. Cada una tendrá independencia operativa para atender temas especializados como corrupción o delitos electorales.
Asimismo, se implementará un ecosistema tecnológico integral que permitirá reducir tiempos de atención, mejorar la eficiencia ministerial y ofrecer seguimiento digital a las carpetas de investigación, sin necesidad de acudir de manera presencial.
El nuevo marco jurídico promueve la atención integral a víctimas, la reparación del daño y la búsqueda inmediata de personas desaparecidas, eliminando distinciones entre “no localizadas” y “desaparecidas”. También fomenta la colaboración con autoridades comunales para asegurar un acceso a la justicia respetuoso de los usos, costumbres y lenguas originarias.
Finalmente, el decreto establece plazos específicos para su implementación: 60 días naturales para expedir el reglamento, 30 días hábiles para dotar de recursos humanos y materiales las nuevas áreas, y un máximo de seis meses para poner en operación el ecosistema tecnológico y los convenios de colaboración correspondientes.
