- La preocupante realidad obliga a abordar el tema con urgencia y responsabilidad, afirmó el legislador
Morelia, Michoacán, 3 de diciembre de 2025.- El diputado Antonio Carreño Sosa advirtió que el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos delictivos es una de las violaciones más graves a los derechos de las infancias, por lo que urgió a atender este fenómeno con responsabilidad y firmeza.
Como parte de esta acción, el legislador de Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el Código Penal del Estado, a fin de fortalecer el marco legal en materia de reclutamiento forzado en la modalidad de corrupción de menores.
Durante su participación en tribuna, Carreño Sosa lamentó que a miles de menores se les arrebate la posibilidad de crecer, estudiar, jugar y construir un proyecto de vida: “Les quitan lo más valioso: su futuro”, destacó.
El diputado recordó que organismos como la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y UNICEF han documentado que en los últimos años el reclutamiento de menores ha aumentado en diversas regiones del país. En estados como Michoacán, agregó, la presencia de grupos criminales y la falta de oportunidades han profundizado esta problemática.
“Quiero decirlo de manera simple y contundente: ningún menor se incorpora por voluntad propia a un grupo delictivo. No existe en ellos un consentimiento válido. Son víctimas, no delincuentes. Y el Estado tiene la obligación de protegerlos siempre”, enfatizó.
La iniciativa presentada propone reconocer el reclutamiento forzado como una forma agravada de corrupción de menores, reformando los artículos 156 y 157 del Código Penal del Estado. También plantea la creación del artículo 156 Bis, para sancionar a quienes participen de manera indirecta en este delito, ya sea mediante traslado, resguardo, logística o entrega de menores.
Ante otras propuestas existentes en la materia, Carreño llamó a dar celeridad a los dictámenes, con el objetivo de que quienes recluten o faciliten este delito reciban sanciones más severas y se contribuya a erradicar esta práctica.
Finalmente, el legislador subrayó que esta reforma es esencial, ya que la cadena delictiva no inicia necesariamente con el reclutador directo, sino con intermediarios que hoy no son contemplados por la ley. “Esta iniciativa no solo atiende un problema de seguridad, sino un problema humano. Es un paso firme para proteger a quienes más lo necesitan”, concluyó.
