Morelia, Michoacán, 5 de marzo de 2026.- El Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, informó que la entrega de cuerpos en Michoacán es completamente gratuita y presentó los Lineamientos para el Trato Digno a las Víctimas en la Entrega de Cuerpos y Restos Humanos, con el objetivo de proteger a las familias y evitar prácticas indebidas durante los procesos ministeriales y forenses.
El funcionario explicó que esta nueva normativa establece reglas claras para garantizar un trato respetuoso, transparente y sin presiones para las familias que atraviesan por la pérdida de un ser querido.
Entre los puntos principales, se establece que ningún servidor público podrá condicionar trámites, sugerir la contratación de una funeraria específica ni retrasar la entrega del cuerpo, asegurando que los familiares puedan realizar los procedimientos con libertad y dignidad.
Torres Piña señaló que estos lineamientos buscan erradicar prácticas irregulares y prevenir que alguien intente lucrar con el dolor de las familias, fortaleciendo la transparencia en las actuaciones de la institución.
Asimismo, la normativa garantiza el derecho de las familias a elegir libremente la funeraria de su preferencia, sin recomendaciones ni interferencias de parte de servidores públicos.
También se establece la prohibición de recibir dádivas, comisiones o cualquier tipo de beneficio por parte de prestadores de servicios funerarios, con el propósito de evitar conflictos de interés o conductas indebidas.
Otro de los puntos relevantes es que las funerarias no podrán contactar a las familias mientras se desarrollen los procedimientos ministeriales o forenses, a fin de impedir presiones o intentos de aprovecharse de su situación.
De igual forma, se dispone que toda comunicación con víctimas y familiares deberá realizarse con respeto, ética y sin presiones, privilegiando en todo momento un trato digno y humano.
Finalmente, el Fiscal General invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad ante la Vicefiscalía de Asuntos Internos, instancia encargada de investigar y sancionar conductas que vulneren los derechos de las víctimas o contravengan la nueva normativa.
