- Iniciativa propone tipificar como delito el ocultamiento de bienes en relaciones conyugales
Morelia, Michoacán; 30 de marzo de 2025.— La diputada local Brissa Arroyo Martínez presentó una iniciativa para tipificar como delito la violencia patrimonial, con el objetivo de sancionar a quienes oculten, transfieran o adquieran bienes a nombre de terceros sin el consentimiento de su pareja, afectando el patrimonio común.
La propuesta, respaldada por legisladoras de distintos partidos, busca combatir una forma de violencia económica que profundiza la desigualdad entre mujeres y hombres.
Violencia patrimonial: un problema que agrava la desigualdad
En tribuna, la congresista argumentó que la transparencia en la gestión de bienes es fundamental para la salud de las relaciones conyugales. Como coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD en la 76 Legislatura, Arroyo Martínez destacó que la violencia económica y patrimonial no solo perjudica a las mujeres, sino que también perpetúa estructuras de desigualdad.
«Esta violencia se manifiesta cuando se ocultan bienes, se realizan transferencias sin autorización o incluso cuando se limita la participación de la mujer en decisiones económicas del hogar», explicó.
Consecuencias legales y sociales
La iniciativa plantea modificar el Código Penal de Michoacán para añadir una nueva fracción al artículo 218, la cual castigaría a quien, en perjuicio de la sociedad conyugal, oculte, transfiera o adquiera bienes a nombre de terceros sin autorización expresa del cónyuge o concubino.
Brissa Arroyo enfatizó que estas acciones no solo dañan el patrimonio familiar, sino que generan desconfianza y resentimiento, factores que pueden llevar a la ruptura de las relaciones. «La violencia patrimonial tiene repercusiones en los hijos y en toda la sociedad. No podemos normalizarla», afirmó.
Respaldo transversal en el Congreso
La propuesta ha sido apoyada por diputadas de diferentes fuerzas políticas, entre ellas Ana Belinda Hurtado Marín, Adriana Campos Huirache y Grecia Jennifer Aguilar Mercado, lo que refleja un consenso sobre la urgencia de legislar en la materia.
Con esta iniciativa, Michoacán podría sumarse a los estados que reconocen y sancionan la violencia patrimonial, un delito que, aunque menos visible, tiene un impacto profundo en la vida económica y emocional de las familias.
«Es un paso necesario para garantizar justicia y equidad en las relaciones conyugales», concluyó la diputada Arroyo.
