Morelia, Michoacán, 22 de mayo de 2025.- Frente al alarmante incremento de fraudes financieros que afectan a miles de familias en el país, el diputado Alfredo Anaya Orozco, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), hizo un llamado urgente para reformar el Código Penal de Michoacán, con el fin de proteger el patrimonio de los ciudadanos y castigar con mayor eficacia este tipo de delitos.
Anaya Orozco explicó que el fenómeno de los fraudes se ha sofisticado en los últimos años, utilizando esquemas de inversión no regulados, plataformas de trading falsas y proyectos engañosos basados en criptomonedas. “Estas prácticas suelen estar disfrazadas de actividades legales, lo que complica su persecución bajo las figuras jurídicas actuales”, advirtió.
El legislador propuso una reforma al Artículo 218 del Código Penal del estado para que el fraude financiero sea tipificado como un delito específico, con sanciones acordes al daño económico y social que ocasiona.
“Es innegable la creciente presencia de este tipo de delitos que nos recuerdan la urgencia de recuperar la confianza ciudadana. La actualización del marco normativo no solo permitirá una persecución más eficaz, sino que enviará un mensaje claro: en Michoacán, no habrá impunidad para quienes lucran con la esperanza y el esfuerzo de las familias”, sostuvo.
Las cifras son preocupantes: según el Instituto Belisario Domínguez, en México se cometen en promedio 15 mil fraudes diarios, muchos de ellos mediante esquemas piramidales y estafas en línea. Un informe de KPMG indicó que el 45% de las empresas mexicanas fueron objeto de intentos de fraude en 2024, particularmente por conflictos de interés y robo de identidad.
Además, durante el mismo año se documentaron 113 mil 824 casos de fraude en el país, varios vinculados a esquemas como TruCapitals, Inverforx, FX Winin, y fraudes a través de cajas populares como las de San Nicolás de Bari y Marcos Castellanos, en la región de la Ciénega de Chapala.
El legislador también destacó que, de acuerdo con datos del FBI, México ocupa el lugar 15 a nivel mundial en fraudes con criptomonedas, lo que refuerza la necesidad de actualizar con urgencia las leyes locales para hacer frente a esta amenaza emergente.
“Proteger el patrimonio de las michoacanas y michoacanos es un deber ético y legal. Hoy, más que nunca, necesitamos leyes a la altura de los desafíos que enfrentamos”, concluyó Alfredo Anaya.
