Morelia, Michoacán, 25 de febrero de 2025.- Con el objetivo de prevenir la reincidencia y garantizar entornos escolares seguros, la diputada Grecia Aguilar Mercado, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXXVI Legislatura Local, presentó una iniciativa para crear el Registro Estatal de Personas Docentes Sancionadas por Acoso y Abuso Sexual en el Ámbito Educativo en Michoacán.
Desde tribuna, la legisladora subrayó que el derecho a la educación no se limita al acceso a un aula, sino que implica asegurar que las escuelas sean espacios libres de violencia y miedo. Señaló que cuando una niña, niño o adolescente sufre acoso o abuso dentro del entorno escolar, no solo se vulnera su integridad, sino también su desarrollo emocional y su confianza en las figuras de autoridad.
La diputada advirtió que los registros nacionales reflejan una tendencia preocupante en materia de violencia en contextos escolares y destacó que existe un alto subregistro en delitos sexuales, derivado del miedo, la vergüenza y la desconfianza institucional. En el caso de Michoacán, mencionó que diversas mediciones evidencian que un número significativo de mujeres ha experimentado algún tipo de violencia en el ámbito escolar.
La propuesta contempla la creación de un registro administrativo de carácter confidencial y de uso exclusivamente institucional. Este incluirá únicamente a personas con resoluciones administrativas firmes o sentencias penales ejecutoriadas, por lo que no se incorporarán denuncias en trámite, garantizando la presunción de inocencia y el debido proceso.
Asimismo, la iniciativa establece que antes de contratar, recontratar o reasignar personal docente, las autoridades educativas deberán consultar obligatoriamente este registro, con el fin de impedir que personas previamente sancionadas puedan cambiar de plantel, municipio o subsistema sin verificación previa.
La coordinadora parlamentaria enfatizó que la iniciativa no está dirigida en contra del magisterio, sino que busca proteger y dignificar la labor de la mayoría de maestras y maestros que ejercen con ética y vocación.
Finalmente, hizo un llamado a las y los legisladores a respaldar la propuesta, al sostener que proteger a la niñez y adolescencia es una obligación constitucional y moral que no admite omisiones.
