Morelia, Michoacán, 10 de diciembre de 2025.- El diputado del PRD, Octavio Ocampo, presentó una iniciativa de reforma a seis leyes estatales con el objetivo de que todos los poderes públicos, organismos autónomos, ayuntamientos y entidades paraestatales estén obligados a implementar protocolos de prevención y atención de la violencia, el acoso y el hostigamiento sexual por razones de género.
La propuesta contempla modificaciones a la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, así como a las leyes orgánicas de la Administración Pública, los Ayuntamientos, el Congreso, el Poder Judicial y la de Entidades Paraestatales del Estado de Michoacán. Con ello, se establecería la obligación legal de que cada institución cuente con un Protocolo homologado, actualizado y con mecanismos efectivos de denuncia y sanción.
“No basta con tener leyes que reconozcan los derechos de las mujeres si en la práctica no existen mecanismos reales para protegerlas. Esta reforma busca que cada espacio público en Michoacán sea seguro, justo y con cero tolerancia a la violencia de género”, expresó el legislador durante su intervención en el Pleno.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los delitos de violencia familiar, abuso sexual, acoso y hostigamiento sexual mantienen una tendencia al alza en el estado. En 2024, Michoacán registró más de 14 mil carpetas de investigación por violencia familiar y casi 400 por acoso u hostigamiento sexual, lo que evidencia la urgencia de fortalecer la respuesta institucional.
La iniciativa señala que, pese a los avances legales, diversas dependencias y órganos del Estado aún carecen de protocolos claros, operativos y con sanciones internas, lo que ha permitido la impunidad y la normalización de conductas violentas en espacios laborales del sector público.
De aprobarse, cada dependencia deberá establecer definiciones precisas, principios de confidencialidad, no revictimización y debida diligencia, así como mecanismos confidenciales de denuncia, medidas cautelares inmediatas, sanciones administrativas y programas de difusión y capacitación continua.
“Contar con un protocolo no es un trámite burocrático; es una garantía de justicia y dignidad para las mujeres que trabajan en el servicio público. Las instituciones deben predicar con el ejemplo: cero impunidad y cero silencio frente al acoso”, afirmó Ocampo.
La reforma también armoniza el marco jurídico del estado con la Convención de Belém do Pará, la CEDAW y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, reforzando la obligación del Estado de actuar con perspectiva de género y debida diligencia.
“Construir un Michoacán libre de violencia hacia las mujeres no es una meta lejana: es una obligación diaria de todas las autoridades. Este paso nos acerca a esa meta”, concluyó.
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