Morelia, Michoacán, 20 de junio de 2025.- En una decisión unánime, el Congreso del Estado de Michoacán aprobó reformas de fondo a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, con el objetivo de frenar la corrupción y los abusos en los servicios de arrastre, salvamento y guarda de vehículos.
El impulsor de esta iniciativa, el diputado Hugo Rangel Vargas, presidente de la Comisión de Movilidad y Comunicaciones, destacó que las modificaciones buscan erradicar la discrecionalidad, la opacidad y las prácticas abusivas que por años han afectado a la ciudadanía.
“La gente está cansada de pagar tarifas sin explicación, sin reglas claras y sin certeza sobre sus vehículos. Esta reforma pone por delante el interés público y no el negocio privado”, expresó Rangel Vargas.
Las reformas establecen con precisión las causas por las cuales un vehículo puede ser remitido al corralón, limitando interpretaciones arbitrarias y obligando a que los reglamentos municipales se alineen con la legislación estatal. También se impone la obligatoriedad de que las tarifas de arrastre y depósito sean públicas, estén avaladas por el Congreso y sean supervisadas por la Secretaría de Finanzas y Administración, conforme a la Ley de Gobierno Digital.
El legislador detalló que se incluirán mecanismos tecnológicos para el control y transparencia, como un sistema de registro digital de entrada y salida de vehículos en los depósitos, así como la obligación de conservar en buen estado las unidades resguardadas.
Además, se faculta a la Secretaría de Seguridad Pública para vigilar el cumplimiento de las tarifas oficiales, emitir reglas de operación para los corralones y garantizar que las y los ciudadanos tengan acceso inmediato a toda la información del servicio.
“Estas reformas no lo resuelven todo, pero marcan un antes y un después. En Michoacán, el negocio de las grúas ya no será tierra de nadie”, aseguró Hugo Rangel.
Finalmente, el diputado del PT subrayó que este es solo el comienzo de una serie de acciones legislativas para dignificar los derechos de las y los michoacanos y erradicar prácticas que por años se normalizaron en perjuicio de la población.
